Carta abierta del juez
Baltasar Garzón a Sebastián Piñera
"Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están
cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población
civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la
Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la
Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y
vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del
pasado", indica Garzón en su misiva.
Por El Desconcierto / 24.10.2019 @eldesconcierto
Señor Presidente:
Soy Baltasar Garzón, el juez español
que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de
1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con
todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero.
Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he
hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más
vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e
indignación por lo que está ocurriendo en Chile.
Señor Presidente, tal parece que
chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se
trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido
político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el
billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de
Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante
casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política
ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo
que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet,
un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia,
se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo,
al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial.
Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo
para una reducida élite política y empresarial. Así mismo, Chile posee
también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento
durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y
endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó
su máximo histórico,
según la prensa y el propio Banco Central.
Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las
naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y
competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores
y de una casi total desprotección social.
Como la
máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige
actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la
celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de
Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa
Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición
y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables
ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un
Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o
“neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo
excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados
para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera
acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así
ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y
con un largo etcétera.
Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe
Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más
pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad,
debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a
ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.
Es por ello,
señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de
estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que
reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente
atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la
indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios
escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del
Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo.
Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la
dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta
años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera
la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión
policial sobre estudiantes secundarios.
La violencia engendra violencia
Quizás no le
guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin
precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que
gobiernan actualmente el
país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen
muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a
la calle a reprimir a la gente.
De más está
decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el
fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá
heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el
orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o
destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para
“combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las
cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y
desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce
de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para
garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige
se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y
al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.
“¡Hemos
perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile
despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo
que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”,
aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante
las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una
importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten
de la agricultura.
Por nuestra
parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que
las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes
perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la
impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto
Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte
Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que
en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.
No le quepa
duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la
OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba,
Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o
Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente
con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el
continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que
de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión
democráticas del pueblo.
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Baltasar Garzón es jurista y miembro del Consejo
latinoamericano de Justicia y Democracia.
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